La Delegación del Gobierno de Murcia
abrió expediente sancionador a un activista de la Región por
(literalmente) "ser intervenido en una concentración no
comunicada". Le pedían 300 euros de multa. El
expediente tenía varios elementos llamativos.
El primero era que, según la ley,
nadie puede ser sancionado por encontrarse presente en una
concentración o manifestación no comunicada. Solamente sus
convocantes, aquellos que la han organizado y promovido, podrán ser
sancionados, pero nunca el ciudadano que se suma a ella.
El segundo era que, habiendo numerosos
manifestantes que participaron en dicha concentración sólo se abrió
expediente a este activista que, encontrándose en un segundo plano
de la concentración, tuvo en ella el papel secundario del ciudadano
que, observando un acto público, se suma al mismo por estar conforme
con lo que plantea.
Y el tercero era que, curiosamente,
este activista fue quien denunció penalmente al famoso agente de
Policía Nacional de Murcia que dedicaba su facebook a pedir el
fusilamiento de los perroflautas y de los políticos que les apoyan,
así como el incendio de sus sedes. Gracias a su denuncia se abrieron
Diligencias en el Juzgado de Instrucción Nº4 de Murcia, que a día
de hoy continúa adelante con la investigación.
En el anterior contexto, y después de
que la Delegación del Gobierno le diese plazo para formular
alegaciones, el activista se opuso a la sanción argumentando, ante
todo, que ni siquiera le habían permitido tener copia del expediente
sancionador y de los documentos obrantes en él. Aparte, alegó que
la sanción vulneraba el principio de tipicidad, es decir, que se le
castigaba por una conducta (estar presente en una concentración
aunque no sea comunicada) que la ley no prohíbe, pues solamente se
sanciona, como ya hemos dicho, a quien organiza esa concentración no
autorizada.
Pero la Delegación del Gobierno seguía
empecinada en castigarle, y le enviaron una segunda comunicación
dándole copia de los documentos obrantes en el expediente
(básicamente la denuncia de los policías que dijeron verle allí) y
le volvían a dar plazo para presentar alegaciones. El activista
volvió a hacerlo reiterando la gravísima ilegalidad que supondría
castigarle por unos hechos que no son sancionables...y manifestó a
la Delegación del Gobierno sus serias sospechas de que tan extraño
castigo fuese una represalia por haber osado denunciar a uno de sus
policías.
Semanas después, recibió carta por la
que, apreciando la vulneración del principio de tipicidad que adujo,
el Delegado del Gobierno decretaba el sobreseimiento del
procedimiento sancionador y le quitaba la multa. Finalmente, la
evidencia pesó más que cualquier otro factor, sin que sea
comprensible la apertura del expediente sancionador, como tampoco lo
fue que la Delegación del Gobierno se empeñase en mantenerlo
abierto sin ningún sentido hasta que, a fuerza de razones, le
obligamos a cerrarlo.
Desde la Coordinadora Ant Represión de
Murcia vemos estas denuncias como una estrategia represora de baja
intensidad de la Delegación de Gobierno para amedrentar y desgastar
a las personas, colectivos y diferentes organizaciones intentando así
apartarnos de nuestra actividad militante. Por todo ello, invitamos
al PP en general y al imputado delegado del Gobierno Sr. Bascuñana
en particular, a que cejen en su celo represivo contra todo aquel que
legítimamente participa en la protesta social , y sustituyan su
cínica petición de perdón por “algunas cosas” por una
persecución tenaz y efectiva de los corruptos en sus propias filas.
¡¡¡SI TOCAN A UN@, NOS TOCAN A TOD@S!!!
