Manifiesto ¡NO al
TTIP!
Las personas, el medio ambiente y la democracia
antes que los beneficios y los derechos de las
corporaciones
Las organizaciones
abajo firmantes, rechazamos
las actuales negociaciones sobre los tratados internacionales
de libre comercio e inversión denominados TTIP, CETA y TISA, que se están
negociando actualmente y de forma totalmente opaca, entre la Unión Europea, Estados Unidos,
Canadá y otros países, que pretenden debilitar la
soberanía democrática de los pueblos frente a los intereses del poder
económico.
Mostramos nuestra preocupación por las graves
y diversas amenazas que plantean dichos tratados, en materia laboral,
ambiental, seguridad alimentaria, democracia, etc.
Creemos que es imprescindible garantizar un
debate político público, transparente y democrático, y que todos los acuerdos
deben servir al interés público y a nuestro futuro común, al contrario de lo
que se está gestando.
¿Qué son los tratados TTIP, CETA y TISA?
Son acuerdos
bilaterales de gran alcance que se están negociando actualmente entre la Comisión Europea
(en nombre de los Estados miembros de la Unión Europea -UE) y
los gobiernos de los Estados Unidos (EEUU), Canadá y otros:
TTIP, es el tratado
de libre comercio e inversiones negociado entre la UE y EEUU.
CETA, es el tratado
de libre comercio negociado entre la
UE y Canadá. Ya firmado, pero pendiente de ratificación.
TISA, es un acuerdo
sobre el Comercio de Servicios, un tratado que la UE tramita paralelamente con 50 países, entre ellos
EEUU, Australia, Japón, México y Canadá.
Estos tratados son el camino que han
encontrado las grandes empresas transnacionales para tomar el poder, más allá
de la cáscara democrática que dicen defender.
Negocian altos funcionarios de las
partes que buscan el acuerdo, pero detrás de ellos están dirigentes de
gigantescas empresas y sus lobbys.
Negociaciones realizadas hasta ahora en
absoluto secreto, tanto hacia la ciudadanía, como a nuestros representantes
democráticos, en el Parlamento Europeo y en los parlamentos nacionales. Esto
dificulta el control democrático y ciudadano para evitar que se ponga en
segundo plano el interés general frente al interés privado de empresas y
lobbys.
La presión ciudadana ha obligado a la Comisión y al Consejo de
Jefes de Estado y de Gobierno a romper, muy parcialmente, su secreto. Solo
declaraciones de intenciones, directrices. Nada de consensos consolidados. Aún
así, han puesto al descubierto sus mentiras y verdaderos propósitos.
¿Qué nos preocupa?
La Unión
Europea y los Estados
Unidos votaron en contra de la resolución histórica del Consejo de
Derechos Humanos de la
Asamblea General de Naciones Unidas, aprobada el 26 de junio de 2014,
en Ginebra, para establecer un grupo de trabajo intergubernamental bajo el
mandato de elaborar un instrumento
internacional legalmente vinculante, que obligue a las grandes transnacionales
y a otros inversores a cumplir las normas para proteger los derechos humanos.
Según afirmaciones de sus responsables,
el TTIP y el resto de Tratados Bilaterales, darán lugar al 80% de sus
beneficios, por la vía de “reducir los costes” impuestos por la burocracia y
las reglamentaciones, así como de liberalizar el comercio y la contratación
pública.
Parece que consideran caro el respeto a
los derechos humanos, y estiman más importante el lucro de todos estos grupos
de interés.
En este nuevo orden mundial los Estados
y las personas que los conformamos nos veremos reducidas al vasallaje a las
multinacionales.
Por
eso el TTIP no debe ser visto como un "acuerdo comercial", sino como
algo más cercano a una declaración de derechos corporativa que consagrará la
autoridad de las multinacionales sobre los gobiernos, y colocará a las personas
y el planeta aún más bajo su dominio.
Y en esta pérdida de soberanía popular
y abaratamiento de costes para las multinacionales, hay dos piezas clave:
• El Mecanismo de Solución de Diferencias entre el Estado y
el Inversor (ISDS). El ISDS brinda a los inversores derechos exclusivos para
demandar a los Estados cuando consideren que alguna decisión democrática
-realizada por instituciones representativas y para el interés general- se
considera que puede tener impactos negativos en sus ganancias presentes o
futuras
Estos mecanismos
se basan en juicios fuera de los tribunales nacionales. Se llevan a
cabo ante uno de los tribunales de arbitraje amparados por el Banco Mundial, o
por cualquier otro organismo internacional. Tribunales privados, que siempre
fallan a favor de las empresas como se ha ido viendo en tratados anteriores. De
una u otra forma, todo el poder quedará
blindado para las transnacionales, nada para la ciudadanía.
Con ello se
socavan los sistemas legales de las naciones, así como la soberanía democrática
de la sociedad para la formulación de leyes y políticas de interés público.
• El Consejo de Cooperación Regulatoria: nueva estructura
antidemocrática de gobierno, y de procedimientos que tienen como objetivo “armonizar las regulaciones”. Estas
estructuras permitirían que las decisiones tomadas en el marco del TTIP sean constantemente
presionadas en secreto por burócratas no electos y grandes lobbies
empresariales. Estas estructuras no democráticas amenazan con rebajar
importantes normas y reglas diseñadas para la protección de los intereses
públicos, o prohibir futuras mejoras, independientemente de su necesidad y del
mandato público.
También nos
preocupa el objetivo de fortalecer la protección de los “derechos de propiedad intelectual”, que tal como está planteado,
ataca algunos de nuestros derechos básicos como la salud, la educación, la
cultura y la libertad expresión.
También se
imposibilitará las remunicipalizaciones de servicios públicos privatizados,
gracias a cláusulas de irreversibilidad del TISA.
¿Qué queremos?
Sobre la base de
los valores de la solidaridad internacional, la justicia social, la
sostenibilidad ambiental y el respeto de todos los derechos humanos exigimos:
a)
Transparencia inmediata. Que se hagan
públicos los textos de negociación y se permita y promueva un debate público
abierto y crítico sobre los tratados TTIP, CETA y TISA.
b)
NO al ISDS: nos oponemos a los
mecanismos de solución de diferencias entre el estado y
el inversor. Mantenemos con firmeza la soberanía de nuestras
sociedades y de nuestros pueblos para la toma de decisiones.
c)
NO al Consejo de Cooperación Regulatoria: toda la
regulación de las operaciones comerciales, las condiciones del comercio y el
establecimiento de estándares de producción del producto deben estar en manos
de los órganos y procesos controlados democráticamente.
d)
NO a la desregulación y a la rebaja de los estándares de
protección y al servicio del interés público: el nivel de las
normas sociales y laborales, de los consumidores y de la salud pública, la
protección del medio ambiente, incluyendo la regeneración de nuestros recursos
naturales, el bienestar animal, las normas sanitarias de los alimentos y las
prácticas agrícolas ambientalmente sostenibles, el acceso a la información y al
etiquetado, la cultura y la medicina, la regulación del mercado financiero, así
como la protección de datos y otros derechos digitales que se deben mejorar, y
no «armonizar» hasta el más bajo común denominador. El reconocimiento mutuo de
estándares no es aceptable en la medida en que socava los niveles de protección
acordados democráticamente. Hay que garantizar que se aplica el principio de
precaución.
e)
No a la privatización de los servicios públicos. Defendemos el
acceso universal a una educación de calidad, a la atención a la salud y otros
servicios públicos como instrumentos para sostener la reproducción social de la
vida y como una contratación pública que promueve el empleo local y las
economías locales, la discriminación positiva, el emprendimiento social, la
economía sostenible, el cuidado de las personas y al servicio del interés
público.
En este sentido
hay que tener presente que los efectos de la privatización de los servicios
públicos en diferentes ámbitos tienen un especial impacto en las condiciones de
vida y de trabajo de las mujeres.
f)
La promoción de prácticas agrícolas sostenibles con el
medio ambiente y la protección de la pequeña agricultura familiar.
g)
Las instituciones públicas deben mantener el poder
político y las estructuras necesarias para proteger ciertos sectores sensibles
y salvaguardar las normas importantes para nuestra calidad de vida. Las normas
laborales y ambientales internacionalmente acordadas deben ser respetadas. La
violación continua de las normas del trabajo debe ser objeto de sanciones.
Finalmente
defendemos la construcción de unas relaciones y políticas comerciales entre
nuestros pueblos que pongan en primer lugar las personas y el planeta,
garantizando:
- Los derechos
humanos universales e inalienables de todas las personas, incluidos los
derechos a una alimentación adecuada, agua, salud, derechos sexuales y reproductivos,
integridad física y psíquica, ropa, vivienda, educación, protección
social, movilidad, cultura, ocio y un medio ambiente limpio.
- Un trabajo decente, que permita a la gente vivir una
vida digna, incluyendo una renta adecuada y los derechos laborales.
- El reconocimiento del trabajo reproductivo y del
cuidado y de los trabajos informales de servicio a las personas y a la
comunidad. Garantizar una redistribución equitativa y una reorganización
socioeconómica, de forma que no recaigan en exclusiva en las mujeres las
tareas del bienestar cotidiano, así como la igualdad de salarios para
hombres y mujeres.
- Una transición
a una economía de bajas emisiones de carbono, que no se base en un consumo
excesivo, sino en el uso social y ecológicamente responsable de los
recursos, y que permita una vida digna sin poner en peligro el apoyo de
otras personas, generaciones futuras, así como de la agricultura, de la
flora y la fauna.
- Lograr una democratización significativa en todos
los niveles de toma de decisiones.
- La lucha contra la pobreza y el establecimiento de
nuevas relaciones de solidaridad y equidad entre hombres y mujeres y con
las personas de otras regiones y el respeto de los derechos de las
personas refugiadas e inmigrantes.
- El aumento
global del nivel de bienestar social, ambiental y económico.
NO AL TTIP
NO A
LOS ACUERDOS DE COMERCIO E INVERSIÓN
NO AL GOBIERNO DE
LAS TRANSNACIONALES
SÍ A LA SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS
ORGANIZACIONES FIRMANTES:
Ecologistas en Acción - Región Murciana
Confederación General del Trabajo (CGT)- Murcia
Coordinadora Anti Represión - Región de Murcia
PODEMOS - Región de Murcia
Izquierda Unida-Verdes Región de Murcia
Plataforma Ciudadana “La Cuenca del Segura Libre de
Fracking”
Greenpeace Murcia
Yayoflautas Murcia
Anticapitalistas Murcia
Asociación Birken
Equo Región de Murcia
CliAS Alternativa Socialista
Eurodiputada Lola Sánchez
Podemos Cartagena
Agrupación Electoral "Cartagena Sí se
puede"
Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios.
CONSUMUR
Plataforma
de Afectados por la Hipoteca
(PAH) Murcia
