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domingo, 8 de junio de 2014

VÍDEO: EL JEFE SUPERIOR DE POLICÍA ES LLAMADO A DECLARAR JUNTO A CUATRO AGENTES DEL CNP YA IMPUTADOS POR EL 14N DE 2012.

Desde la coordinadora A.R.M. os convocamos a participar en una concentración en la Ciudad de la Justicia este próximo jueves 12 de junio, a las 9h.

La investigación de la causa abierta por las agresiones de agentes de la policía nacional contra numerosas personas en la jornada de huelga general del 14 de noviembre de 2012 en Murcia continúa, poco a poco, dando frutos. Mientras avanza el largo proceso de instrucción iniciado en Fiscalía y en los Juzgados nº 3 y nº 4 que, hasta hoy, arroja la cifra de cuatro policías nacionales imputados –uno de ellos por la querella de Fiscalía, de lo que no hay precedente en el Estado español-, hemos conocido hace unos días  las últimas disposiciones del Juzgado de Instrucción nº 4, entre las que destaca la toma de declaración del máximo responsable policial de la región, Cirilo Durán.












La encerrona totalmente injustificada que llevó a cabo una unidad de agentes antidisturbios contra una treintena de manifestantes el 14N, ya finalizada la manifestación de esa mañana, acabó con numerosas personas heridas y dos detenidas, una de las cuales sufrió una fractura del quinto metatarsiano de la mano derecha a causa de un pisotón intencionado de un agente de la policía nacional tras haber sido detenido por manifestarse libre y pacíficamente esa mañana. Todo apunta, por increíble que pueda parecer, a que la radiografía practicada  en el Hospital Reina Sofía de Murcia no coincide con la que, horas después, se hizo en otro hospital, el de Cieza:





Por otra parte, de las once personas que denunciaron agresiones múltiples y que presentaron los partes de lesiones por golpes de porra, patadas, etc.,  solo han declarado hasta ahora cinco de ellas. El Juzgado llama a declarar a las seis restantes, entre las que se encuentra una menor de edad. 



La última disposición es la referida a la citación para tomar declaración el próximo 12 de junio al jefe superior de policía de Murcia, Cirilo Durán, junto a los policías imputados.  



Recordemos que fue este jefe policial quien intentó ocultar a los medios la responsabilidad de la policía nacional en el caso de un activista de la PAH, que acabó ingresado ocho días en un centro hospitalario a causa de las agresiones recibidas, tal y como quedó reflejado en diversos vídeos, fotos e informes médicos.

No olvidamos tampoco la responsabilidad de quien amparó y sigue amparando a ese alto cargo policial; nos referimos al delegado de gobierno, Joaquín Bascuñana, quien, contra toda evidencia y horas después de esa vergonzosa actuación de las “fuerzas del orden”, manifestaba a los medios que lo ocurrido “han sido episodios de violencia callejera” y que “en ningún momento ha habido carga policial, sólo contención de la masa”. Un año y medio después, ni uno ni otro han dimitido, ni han asumido responsabilidades por estos graves hechos ni por sus  posteriores declaraciones, repletas de manipulaciones y mentiras y con la clara intención de criminalizar a los movimientos sociales. La desvergüenza y la corrupción van de la mano.

La Verdad, p. 7, 15/11/12

Como quedó ampliamente demostrado, no hubo ningún llamamiento ni tampoco “lanzamientos de piedras y otros objetos…”: lo que sí ocurrió es lo que ni uno ni otro –ni los agentes que participaron- previeron, y es que un vecino grabó esa carga policial desde su balcón…




No hay que esperar al fallo judicial de este caso para concluir desde el sentido común que tras la publicación de los vídeos grabados esa mañana y los testimonios de los numerosos testigos, estos cargos políticos y policiales tenían y siguen teniendo la obligación de depurar responsabilidades entre los propios agentes, dada la gravedad y el sinsentido de lo ocurrido. Tras la supuesta investigación policial interna, ninguno de los muchos agentes que participaron en esa suerte de razzia ha sido cesado, ni siquiera apartado de su labor, donde se juega con la integridad física de las personas. 

Una vez más, el corporativismo y la impunidad rigen las relaciones entre “responsables” políticos y funcionarios policiales, llevando a cabo prácticas totalmente contrarias a ese orden público que dicen mantener. Insistimos: estamos ante un caso más de corrupción.


 

Por otra parte, uno de policías llamados a declarar -denunciado por “encubrimiento”- tendrá que ayudar a esclarecer si lo ocurrido fue por iniciativa de algunos agentes, o si, por el contrario, recibían órdenes. Como se indica en el siguiente párrafo,  las contradicciones entre los mandos y los agentes son evidentes:



Continuando con nuestro trabajo de   visibilización y protesta ante cualquier forma de represión, el pasado 22 de mayo publicamos la denuncia por incitación a la violencia presentada por nuestro colectivo contra un agente de la policía nacional -ya imputado por agresiones contra tres personas durante una protesta el 15J de 2012. El perfil de facebook de este agente, activo hasta hace unos días, contenía numerosas llamadas a la violencia política -alusiones al “fusilamiento de políticos”, al “exterminio de los perroflautas”, etc.- , algo que bajo ningún concepto puede estar justificado, mucho menos tratándose de un funcionario público autorizado para hacer uso de armas de fuego. Desde la Coordinadora Anti Represión Región de Murcia seguiremos denunciando y haciendo públicas este tipo de conductas: de los agentes policiales o de quienes los dirigen y les permiten cometer actos que violan los derechos humanos y atentan contra la convivencia pacífica dentro de una sociedad supuestamente democrática. 

Tras las múltiples denuncias por agresiones de la policía nacional presentadas en los dos últimos años en nuestra región por activistas sociales, ya son cerca de diez los agentes imputados.

Pero lo que ocurre en nuestra región no es sino un reflejo de la violencia institucional que vivimos en todo el Estado. Dos meses y medio después de las detenciones ocurridas tras la Marcha de la Dignidad en Madrid, aún continúan en prisión ¿preventiva? Ismael y Miguel. En Granada, dos activistas del 15-M, Carmen y Carlos, se enfrentan estos días a una pena de 3 años de prisión por haber participado en un piquete informativo durante la jornada de huelga general del 29 de marzo de 2012.  Las detenciones, identificaciones y agresiones en Can Vies y otros lugares dan cuenta de la campaña de persecución y criminalización que están sufriendo los centros sociales en todo el territorio. La muerte de personas a manos de los Mossos dentro y fuera de los calabozos; el uso de proyectiles de goma que han causado amputaciones a numerosos manifestantes;   los asesinatos y las medidas de control inhumanas contra las personas migrantes que intentan buscar una alternativa en nuestra tierra… La lista de atentados contra la vida y la libertad de las personas es larga y crece día tras día.

Por todo esto os invitamos y convocamos a participar en una concentración en la Ciudad de la Justicia el próximo jueves 12 de junio, a las 9h. Es importante que bajo una misma voz, todas y todos,  denunciemos las prácticas represivas que vienen sufriendo las personas y los movimientos sociales  por parte de las autoridades políticas, a cuyas órdenes se encuentran quienes están obligados a velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos”.






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