La trilogía del montaje policial en las vías de Santiago el Mayor en Murcia a punto de estrenar su tercera y última entrega: el caso de Ángel B. S.

 

Represión en las vías. 3 de octubre de 2017

Lucía Barbudo

De los hechos que sucedieron el 3 de octubre de 2017 en el barrio de Santiago el Mayor por el soterramiento del AVE en Murcia surgieron unas narrativas de las cuales algunas son ciertas y otras no. Es importante ajustarse a la verdad siempre, pero cuando entramos en un tribunal de justicia y suenan las palabras detenido-acusado-cárcel-sanciónadministrativa, éstas cobran todavía más importancia; las palabras no sólo van a describir lo que pasó, sino que van a condicionar lo que va a pasar, en este caso, con la vida de Ángel B. S.  

¿Por qué montajes policiales?

Son tristemente conocidas las dinámicas y estrategias de la policía para dinamitar los movimientos sociales a base de represión, ya sea a través de violencia y agresiones policiales en las protestas (manifestaciones y concentraciones pacíficas y amparadas en derechos ciudadanos recogidos en la Constitución española), ya sea a través de los procesos judiciales que se derivan de esas mismas agresiones policiales que, a través de montajes archirepetidos (el combo siempre es el mismo: desobediencia a la autoridad, agresiones a uno o varios policías, algún móvil misteriosamente roto que posteriormente se traducirá en indemnizar a uno o varios agentes), acaban conduciendo perversamente a les activistas a enfrentarse a penas de cárcel y, muchas veces, exageradas multas. Encima de enjuiciados, apaleaos. Esas narrativas inventadas están destinadas a desactivar los movimientos sociales, porque la estrategia del miedo, no nos equivoquemos, funciona. Y que exista la posibilidad de que te puedan meter en la cárcel y arruinar tu vida y la de tu familia da muchísimo miedo.

¿Qué pasó el 3 de octubre de 2017?

Enmarcado en lo que parecía ser un día más de protesta social en el barrio de Santiago el Mayor (un barrio que, recordemos, llevaba detrás la friolera de 30 años de lucha vecinal por el soterramiento del AVE), las vías vivieron su jornada de máxima movilización: esa mañana rugieron por primera vez los motores de las máquinas que iban a levantar el muro que nadie quería. Todo el mundo se echó a la calle para evitar que eso ocurriera. Allí estaba también Ángel. El entonces delegado del gobierno, Francisco Barnabé, no quiso escatimar en agentes y una multitud de efectivos de la UIP y la UPR se encargaron de tensionar el ambiente. Que una presencia policial masiva sea sinónimo de seguridad ciudadana es algo que desde los movimientos sociales tenemos más que desmontado a base de golpes de realidad. Golpes literales y metafóricos.

En la era que atravesamos de nuevas tecnologías donde cada vecina tiene en su bolso un móvil, todo queda grabado. Podría incluso decirse que todes somos potenciales periodistas a pie de calle. La Ley de Seguidad Ciudadana (¿seguridad para quién?), sabedora de este inconveniente, ha blindado la impunidad policial prohibiendo las grabaciones. Mordazas para la democracia. De los vídeos que se grabaron ese día, a Ángel lo vemos mezclado entre la gente. Cuando se acercaba la hora de comer, Ángel decidió ir a casa y fue entonces cuando varios policías le dieron el alto. Le pidieron que se identificara y acto seguido, sin mediar palabra, lo empujaron violentamente contra la pared para cachearlo. Tras esto, el dispositivo policial se replegó en torno a Ángel, seguido por la multitud de vecinos. En algún momento, alguien pensó que se hacía necesario reducirlo violentamente contra el suelo, propinándole patadas y puñetazos. Al fondo tocaba la campana del instituto, eran las 14.15. A los agentes no les importó el círculo de adolescentes que se formó alrededor de la agresión.  Salían de una escuela para meterse en otra; la letra con sangre entra. Finalmente, Ángel fue esposado como un criminal, una rodilla en la cabeza, otra rodilla apretando las esposas. Llegó un coche para trasladarlo a la comisaría. Pero antes, el protocolo manda llevar al detenido al centro de salud de San Andrés. Para les lectores que no son de Murcia, San Andrés es el centro de salud al que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trasladan invariablemente a les agredides. De aquí han salido situaciones que nunca nos da tiempo a preguntar si son legales mientras estamos gestionando heridas y angustias, así como partes dignos del genio imaginativo de Isaac Asimov que terminan con un inesperado giro de guion hablando de agentes agredidos. El agresor sale de la chistera como víctima y son ya algunos juicios los que se han ganado demostrando la inverosimilitud de lo que se argumentaba y las incongruencias entre los propios agentes. Cabría preguntarse quiénes son esos médicos a los que la policía llama para hacer los partes. Tras más de 21 angustiosas horas en el calabozo, sin un vaso de agua, Ángel pidió ir al Hospital Reina Sofía debido a que sufría fuerte dolor de cabeza y mareos. De ahí pasó a la Ciudad de la Justicia a esperar que una jueza de guardia le tomara declaración y tras esto fue puesto en libertad con cargos. Por un supuesto delito de atentado, maltrato de obra y amenazas, le piden un total de tres años de cárcel, además de una multa de casi 2000 euros.

La trilogía de las vías

Ese mismo día, 3 octubre de 2017, salió la primera entrega de esta trilogía de juicios: lo que se conoció en todos los medios como el caso de “Los jóvenesde las vías“  cuyo juicio fue resuelto cuatro años y medio más tarde, el 24 de marzo de 2022. Pedían ocho años de cárcel y 130mil euros en multas. Los chicos no entraron en prisión y se redujo considerablemente la cuantía, aunque nos quedamos con el sabor amargo de que los dejaran con antecedentes penales, pues la absolución no fue completa.

La segunda vez que se abrió el telón para mostrar una función de guion sospechosamente parecido, fue con la activista Sandra. Su caso se enmarcó en el contexto de la convocatoria feminista del 8M de 2018. Decía la abogada de Sandra en un artículo que era totalmente injustificable que el caso de la activista se hubiera dilatado cinco años. Para ella se pedía un año de cárcel, 240 euros de multa y 120 euros de indemnización a un agente. Afortunadamente, y gracias sin duda a la organización social que hizo su trabajo en la calle y en las redes para apoyar a Sandra, ésta quedó finalmente absuelta de todas las acusaciones.

“El soterramiento no habrá terminado realmente hasta que no absuelvan a estos jóvenes inocentes y se soterre la injusticia” era lo que se decía recurrentemente en los encuentros vecinales que se sucedieron durante años en Santiago el Mayor mientras hubiera juicios pendientes; primero por los jóvenes de las vías, después por Sandra, ahora por Ángel. Por fin ha llegado el último. Ángel B. S. lleva esperando ni más ni menos que siete años que se resuelva su juicio. Siete años en esta incertidumbre es ya también una forma de castigo, una tortura psicológica. Está citado para este próximo viernes 25 de octubre a las 10 de la mañana en la Ciudad de la Justicia, que esperamos esté a la altura de su nombre. Porque si decíamos antes que el miedo y la represión funcionan y que enjuiciar activistas tiene un coste muy alto para todos los movimientos sociales, también tenemos que reconocer que la solidaridad funciona, que las redes de acompañamiento funcionan, que la presión en la calle y la difusión de lo que está pasando con nuestros gobiernos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen un efecto positivo en los veredictos de las salas donde nos aglomeramos y esperamos con nuestras pancartas a que se imparta justicia. Porque demostramos con cada caso que el “Si tocan a una, nos tocan a todas” no es sólo un lema que gritamos en las manifestaciones. Lo colectivo es una manera de entender la fuerza infinita que nos insufla saber que no estamos solas.