Artículo basado en el informe de Tokatayfuga
El
año comenzó con malos augurios, como siempre dentro de las prisiones del
Estado. Teresa, madre de Manuel Gómez Lindón, preso que sufrió el FIES durante
mucho tiempo y tomó parte activa en la lucha contra este régimen, fue informada
del fallecimiento de su hijo, el 1 de enero, cuando acudía a un vis a vis que
tenía previsto. Al llegar a la prisión de Palma, el jefe de servicio le dio la
fatídica noticia con resentimiento y sin más información. Como la prisión no se
pronuncia, toda la información la han recibido de la empresa funeraria
contratada por la familia. Además, afirman que últimamente había abandonado la
metadona y que hacía mucho deporte, por lo que le veían con ánimo.
A
través de la Esculca (Observatorio Para A Defensa Dos Direitos E Liberdades)
nos enteramos de la muerte de JV.P en Teixeiro, probablemente el 8 de enero,
debido a problemas hepáticos. El interno no había recibido el tratamiento para
la hepatitis C que padecía. La fiscalía ha presentado una denuncia contra el
Servicio Gallego de Salud (Sergas) en los juzgados de Compostela por las
restricciones impuestas por la Xunta a los fármacos recetados a enfermos de
hepatitis C. Al menos tres habrían muerto por la negativa a administrarles las
medicinas.
El 19 de enero, Álvaro Steven Carvajal Valencia, de 24 años de edad,
falleció en la celda de la prisión de A Lama (Pontevedra) donde le tenían
encerrado. Aseguran que había consumido metadona adulterada y que eso fue lo
que le mató. No se sabe qué “allegados” sostienen, según un falsimedio, que era
consciente del mal estado de la droga y que la consumió con la intención de acabar
con su vida, pues llevaba ya muchos meses “muy abatido y deprimido”. Suicidio o
sobredosis son las excusas más socorridas para encubrir que la cárcel mata. La
de A Lama, merece cada día más el epíteto de Centro de Exterminio.
Lxs
menores de edad también sufren el sistema punitivo, con todas las consecuencias
que esto conlleva. Hacemos mención de la noticia que nos llega a través de los
medios de formación de masas, del fallecimiento de un joven en el centro de
menores Los Alcores, en Carmona (Sevilla), la madrugada del 17 de enero. El
chaval llevaba cumplidos cuatro años y dos meses, de una pena de seis años. Fue
“encontrado ahorcado” en la unidad de observación, donde le habían metido esa
misma tarde justificándose en su comportamiento agresivo. La Consejería de
Justicia e Interior de la Junta de Andalucía ha comenzado una investigación
para estudiar el caso.
En
la madrugada del 27 de febrero, en el módulo 10 de la cárcel de Puerto III,
murió Moisés Soto Moreno, de 24 años, supuestamente por sobredosis y, en
realidad, a causa del abandono médico y la negligencia de los carceleros. Le
habían negado el tercer grado, que pidió para poder acudir a los médicos y que
le atendieran adecuadamente su enfermedad. Sobre las 5, empezó a estar mal. El
compañero de celda avisó y todo el módulo, más de 100 personas, empezó a picar
puertas y a gritar llamando a los guardias. Pero no vinieron hasta las 8:30,
cuando era ya demasiado tarde y el muchacho estaba vomitando sangre (al
parecer, tuvo un encharcamiento pulmonar). Por la mañana, los presos del módulo
10, muy cabreados, fueron a pedir cuentas a los funcionarios. Éstos les
amenazaron con regresiones a primer grado y sanciones de aislamiento si la
noticia salía publicada en algún sitio. El compañero de celda del hombre
fallecido desapareció, nadie sabía dónde lo habían llevado. La familia, por su
parte, va a denunciar el caso, pues apunta claramente como causa del
fallecimiento a la negligencia de los funcionarios.
Sabemos,
gracias al testimonio de un compañero, que en el CP de Picassent ha muerto a
mediados de abril un chico conocido como Chiqui, supuestamente por causas
naturales. Sin embargo, el compañero nos informa de que se empezó a quejar de
dolor en el pecho y de que se le dormía el brazo izquierdo, claros síntomas del
infarto que al parecer sufrió,, y que durante cuatro días acudió a la enfermería, recibiendo tan sólo
pastillas. Al quinto día, la doctora le puso una inyección y le dió una
pastilla para bajarle la tensión, falleciendo veinte minutos después.
La
cárcel de Villabona ha sido llamada demagógicamente “la cárcel de la esperanza”
por los propagandistas de la UTE, experimento terapeútico-penitenciario que se
inició allí y que ya ha sido desenmascarado totalmente como el prototipo de un
régimen carcelario del que se ha podido decir con justicia que constituye “la
otra cara del FIES”, por la vulneración de los derechos fundamentales de los
presos y la merma su dignidad que
supone. Pero allí no deja de morir gente, muy frecuentemente por “suicidio” o
supuesta sobredosis. El último en morir, el 21 de abril, una vez más en la
enfermería de esa cárcel, de siniestra fama, ha sido Eugenio Hernández Da
Silva, de 33 años, por una supuesta sobredosis de heroína y pastillas, según
las dudosas fuentes de que disponemos. Los partidarios de la UTE, que cuenta
con apologistas tan “prestigiosos” como la “defensora del pueblo” o
determinadas personalidades de la “izquierda” amarilla estatal y asturiana,
también han aprovechado, como buitres, esta muerte, igual que otras muchas
anteriores, para promocionar su “modelo de tratamiento”, haciendo ver que las
muertes se producen porque no se lo potencia suficientemente, cuando la verdad
es que las “Unidades Terapeúticas y Educativas” y el poder terapeútico de la
autoridad carcelera que articulan no crean más que nuevas situaciones de
dependencia y degradación que no benefician en nada a las personas presas ni
contribuyen, por descontado, a que disminuyan el tráfico y consumo de drogas
legales e ilegales en las cárceles.
Por
medios de "desinformación" gallegos, nos enteramos de que en la cárcel de
Teixeiro murió a finales de marzo David Bardanca Iglesias, cuya familia ha
denunciado que su cadáver presentaba varias contusiones en la frente y en la
cara y que el 26 de marzo, mientras
estaban hablando por teléfono, la llamada de atención de un carcelero generó un
altercado que desembocó en la muerte de su hijo. El 8 de mayo sobre las 8 de la
mañana fue “encontrado muerto” en la misma cárcel el preso JADS, “por
sobredosis”, según fuentes oficiales.
Queremos
recordar los casos de IM, en Aranjuez, y Raquel EF, en Brians, ya que
familiares de ambos están exigiendo explicaciones a la institución
penitenciaria. El padre del primero, ha reclamado a la Audiencia Provincial de
Madrid que se investigue la muerte de su hijo, fallecido por supuesto
“suicidio”, para esclarecer si fue víctima de un homicidio. En cuanto al caso
de Raquel, que se quitó la vida en abril del año pasado estando en aislamiento
nueve meses, concretamente en uno de los llamados Departamentos Especiales de
Régimen Cerrado (DERT) catalanes, y habiendo sufrido abusos a manos de las
carceleras, el Centro Irídia por la defensa de los derechos humanos ha
presentado, en nombre de la hija de la difunta, una reclamación
patrimonial ante el Departamento de
Justicia.
El
último caso, que nos consta es el de Manuel Fernández, murciano “encontrado muerto” en
su celda de aislamiento de la prisión de Castellón II en octubre. La familia y
el abogado denuncian la falta de información que hasta el momento tienen que
soportar, el obscurantismo con el que las instituciones están llevando a cabo
este asunto. Denuncian todo el proceso de principio a fin: la brusquedad
con la que reciben la noticia el envío del cadáver por una funeraria y la
constatación con estupor de que el cuerpo presentaba numerosos signos de
violencia y rigidez del cuerpo como si hubiera muerto atado a una silla.
Las
personas en presidio relatan que son víctimas de humillaciones, malos tratos,
que son sedados con barbitúricos para que no molesten e incluso que se los
proporcionan "generosamente", dándose casos de suicidio por
sobredosis de los mismos. No denuncian formalmente mientras sufren estas
violaciones de DDHH por miedo a represalias.
Según cifras
del ministerio del interior de 2016, se han producido 203 casos de muertes en
prisión y de ellos 19 han llegado a la Coordinadora para la prevención y
denuncia de la tortura. De 2001 a 2016, han tenido lugar 3738 bajo
custodia y 590 se han reportado a dicha Coordinadora. Parece que son
cifras suficientemente altas para que se tomen medidas y que no queden
archivadas y los responsables impunes.
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| Familia de Manuel Fernández en su domicilio en Murcia donde enviaron el cadáver sin ninguna información |
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