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| Represión en las vías. 3 de octubre de 2017 |
Lucía
Barbudo
De
los hechos que sucedieron el 3 de octubre de 2017 en el barrio de Santiago el
Mayor por el soterramiento del AVE en Murcia surgieron unas narrativas de las
cuales algunas son ciertas y otras no. Es importante ajustarse a la verdad
siempre, pero cuando entramos en un tribunal de justicia y suenan las palabras detenido-acusado-cárcel-sanciónadministrativa,
éstas cobran todavía más importancia; las palabras no sólo van a describir lo
que pasó, sino que van a condicionar lo que va a pasar, en este caso, con la
vida de Ángel B. S.
¿Por qué montajes policiales?
Son
tristemente conocidas las dinámicas y estrategias de la policía para dinamitar
los movimientos sociales a base de represión, ya sea a través
de violencia y agresiones policiales en las protestas (manifestaciones y
concentraciones pacíficas y amparadas en derechos ciudadanos recogidos en la
Constitución española), ya sea a través de los procesos judiciales que se
derivan de esas mismas agresiones policiales que, a través de montajes
archirepetidos (el combo siempre es el mismo: desobediencia a la autoridad,
agresiones a uno o varios policías, algún móvil misteriosamente roto que
posteriormente se traducirá en indemnizar a uno o varios agentes), acaban
conduciendo perversamente a les activistas a enfrentarse a penas de cárcel y,
muchas veces, exageradas multas. Encima de enjuiciados, apaleaos. Esas
narrativas inventadas están destinadas a desactivar los movimientos sociales,
porque la estrategia del miedo, no nos equivoquemos, funciona. Y que exista la
posibilidad de que te puedan meter en la cárcel y arruinar tu vida y la de tu
familia da muchísimo miedo.
¿Qué pasó el 3 de octubre de
2017?
Enmarcado
en lo que parecía ser un día más de protesta social en el barrio de Santiago el
Mayor (un barrio que, recordemos, llevaba detrás la friolera de 30 años de
lucha vecinal por el soterramiento del AVE), las vías vivieron su jornada de
máxima movilización: esa mañana rugieron por primera vez los motores de las
máquinas que iban a levantar el muro que nadie quería. Todo el mundo se echó a
la calle para evitar que eso ocurriera. Allí estaba también Ángel. El entonces
delegado del gobierno, Francisco Barnabé, no quiso escatimar en agentes y una
multitud de efectivos de la UIP y la UPR se encargaron de tensionar el
ambiente. Que una presencia policial masiva sea sinónimo de seguridad
ciudadana es algo que desde los movimientos sociales tenemos más que
desmontado a base de golpes de realidad. Golpes literales y metafóricos.
En la
era que atravesamos de nuevas tecnologías donde cada vecina tiene en su bolso un
móvil, todo queda grabado. Podría incluso decirse que todes somos potenciales
periodistas a pie de calle. La Ley de Seguidad Ciudadana (¿seguridad para
quién?), sabedora de este inconveniente, ha
blindado la impunidad policial prohibiendo las grabaciones. Mordazas para la
democracia. De los vídeos que se grabaron ese día, a Ángel lo vemos mezclado entre
la gente. Cuando se acercaba la hora de comer, Ángel decidió ir a casa y fue
entonces cuando varios policías le dieron el alto. Le pidieron que se identificara
y acto seguido, sin mediar palabra, lo empujaron violentamente contra la pared
para cachearlo. Tras esto, el dispositivo policial se replegó en torno a Ángel,
seguido por la multitud de vecinos. En algún momento, alguien pensó que se
hacía necesario reducirlo violentamente contra el suelo, propinándole patadas y
puñetazos. Al fondo tocaba la campana del instituto, eran las 14.15. A los
agentes no les importó el círculo de adolescentes que se formó alrededor de la
agresión. Salían de una escuela para
meterse en otra; la letra con sangre entra. Finalmente, Ángel fue
esposado como un criminal, una rodilla en la cabeza, otra rodilla apretando las
esposas. Llegó un coche para trasladarlo a la comisaría. Pero antes, el
protocolo manda llevar al detenido al centro de salud de San Andrés. Para les lectores que no son de Murcia, San Andrés es el centro de
salud al que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trasladan
invariablemente a les agredides. De aquí han salido situaciones que nunca nos
da tiempo a preguntar si son legales mientras estamos gestionando heridas y
angustias, así como partes dignos del genio imaginativo de Isaac Asimov que terminan
con un inesperado giro de guion hablando de agentes agredidos. El agresor sale
de la chistera como víctima y son ya algunos juicios los que se han ganado
demostrando la inverosimilitud de lo que se argumentaba y las incongruencias
entre los propios agentes. Cabría preguntarse quiénes son esos médicos a los
que la policía llama para hacer los partes. Tras más de 21 angustiosas horas en
el calabozo, sin un vaso de agua, Ángel pidió ir al Hospital Reina Sofía debido
a que sufría fuerte dolor de cabeza y mareos. De ahí pasó a la Ciudad de la
Justicia a esperar que una jueza de guardia le tomara declaración y tras esto fue
puesto en libertad con cargos. Por un supuesto
delito de atentado, maltrato de obra y amenazas, le piden un total de tres años
de cárcel, además de una multa de casi 2000 euros.
La trilogía de las vías
Ese
mismo día, 3 octubre de 2017, salió la primera entrega de esta trilogía de
juicios: lo que se conoció en todos los medios como el caso de “Los jóvenesde las vías“ cuyo juicio fue resuelto cuatro años y medio más tarde, el 24 de marzo de 2022.
Pedían ocho años de cárcel y 130mil euros en multas. Los chicos no entraron en
prisión y se redujo considerablemente la cuantía, aunque nos quedamos con el
sabor amargo de que los dejaran con antecedentes penales, pues la absolución no
fue completa.
La
segunda vez que se abrió el telón para mostrar una función de guion
sospechosamente parecido, fue con la activista Sandra. Su caso se enmarcó en el
contexto de la convocatoria feminista del 8M de 2018. Decía la abogada de
Sandra en un artículo que era totalmente injustificable que el caso
de la activista se hubiera dilatado cinco años. Para ella se pedía un año de
cárcel, 240 euros de multa y 120 euros de indemnización a un agente. Afortunadamente,
y gracias sin duda a la organización social que hizo su trabajo en la calle y
en las redes para apoyar a Sandra, ésta quedó finalmente absuelta de todas las acusaciones.
“El soterramiento
no habrá terminado realmente hasta que no absuelvan a estos jóvenes inocentes y
se soterre la injusticia” era lo que se decía recurrentemente en los encuentros
vecinales que se sucedieron durante años en Santiago el Mayor mientras hubiera
juicios pendientes; primero por los jóvenes de las vías, después por Sandra,
ahora por Ángel. Por fin ha llegado el último. Ángel B. S. lleva esperando ni
más ni menos que siete años que se resuelva su juicio. Siete años en esta incertidumbre
es ya también una forma de castigo, una tortura psicológica. Está citado para
este próximo viernes 25 de octubre a las 10 de la mañana en la Ciudad de la Justicia, que esperamos esté a la
altura de su nombre. Porque si decíamos antes que el miedo y la represión
funcionan y que enjuiciar activistas tiene un coste muy alto para todos los
movimientos sociales, también tenemos que reconocer que la solidaridad
funciona, que las redes de acompañamiento funcionan, que la presión en la calle
y la difusión de lo que está pasando con nuestros gobiernos y las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado tienen un efecto positivo en los veredictos de
las salas donde nos aglomeramos y esperamos con nuestras pancartas a que se
imparta justicia. Porque demostramos con cada caso que el “Si tocan a una, nos tocan a todas” no es sólo un lema que gritamos en las manifestaciones. Lo
colectivo es una manera de entender la fuerza infinita que nos insufla saber que
no estamos solas.
